Las playas de la Isla que estaban cerradas al público en una temporada sin balnearios por la crecida del río, significaron una presión demasiado grande para demorar más el proceso, y bastó una visita oficial del Jefe de Gabinete de Urribarri para que el puente se abriera.
En todo el proceso, poco se supo sobre las negociaciones detrás de escena para determinar quién se quedaba con el control del lugar. Los estamentos oficiales se limitaron a blanquear algunas disputas respecto a la apertura del complejo faraónico: el Intendente Schepens no quería sumar un frente de problemas, y mucho menos sin la asignación de recursos económicos, mientras el responsable del Ente Administrador, Néstor Diez, bicicleteaba la apertura a la espera de más certezas que nunca llegarían. Porque detrás de todo, está el verdadero dueño de la Isla.
El control formal
Como ya publicó elentrerios.com en notas anteriores, el Ente creado por el Gobierno provincial para administrar la Isla del Puerto tiene todas las características de una máscara para desviar la atención. Como alguna vez dijera Perón, ésta parece ser de esas comisiones que se crean para que nada avance demasiado.
Y así lo entendió el mismo intendente Carlos Schepens, que debió a salir a pegar algunos gritos públicos para acelerar la apertura del complejo millonario, aún a sabiendas que todos los riesgos iban a quedar en manos de su gestión municipal: el control de los accidentes de tránsito, el costo político por las acciones de vandalismo que puedan afectar la inversión en el lugar, hacerse cargo hasta de un fallecimiento si la falta de seguridad en las playas deriva en alguna tragedia, entre los aspectos más sobresalientes que hacían dudar al jefe comunal sobre la apertura de la Isla.
Mientras tanto, el control formal está en manos del administrador del Ente creado ad hoc, que pasea por el lugar como un turista más, a pesar de ser el responsable de todo lo que allí suceda.
El dueño de la Isla
Pero a diferencia de lo que muchos creen, la Isla del Puerto tiene dueño. Y no se trata de un título de propiedad formal, sino de las veleidades de las que disfrutan los empresarios amigos del poder.
Como sospecharán, se trata de Víctor Pietroboni, titular de la firma Lemiro Pietroboni S.A. que fue la encargada de construir la millonaria obra presupuestada en $92 millones y que ya va generando desembolsos de dineros públicos por más de $220.000.000 .
En medio de las demoras para abrir el lugar, (la propia firma anunció que estaba lista el 1 de diciembre), el empresario uruguayense impuso sus condiciones y hasta que no logró lo que requería, no entregó las llaves del lugar que recién abrió a mediados de enero, 45 días más tarde.
Entre las principales condiciones que requería el poderoso empresario de la obra pública, la cláusula más importante era mantener plenas potestades para explotar la Isla del Puerto durante el período de garantía de la obra. En silencio y de espaldas a la sociedad que no se explicaba a qué se atribuía tanta dilación en abrir el puente, el poder empresario sellaba acuerdos con el poder político. Una demostración más de lo que ya es vox populi: Pietroboni es el Ministro de Obra Pública de la costa del Uruguay.
Los negocios detrás del control
Tal como advertimos la semana pasada, detrás del millonario proyecto de la Isla del Puerto se esconden otros importantes negocios inmobiliarios que fueron planeados desde el minuto cero por la empresa Lemiro Pietroboni, pero que no lograron vencer algunas barreras, hasta ahora al menos. Es que al momento de presentar el Estudio de Impacto Ambiental, el barrio privado proyectado por Pietroboni contrastaba con el destino de una Reserva Natural Protegida. Así fue que el secretario de Ambiente, Fernando Raffo, terminó negociando la aprobación del estudio ambiental a cambio de borrar del proyecto el barrio privado primero, y la construcción de un anfiteatro después.
Sin embargo, los resortes del poder no parecen estar acostumbrados a los límites y ahora van por más. Ya proyectan la construcción de un hotel 4 o 5 estrellas y, quienes son más escépticos, no descartan que en breve se reflote el proyecto inmobiliario que inicialmente quería construir la firma de Víctor Pietroboni. Mientras tanto, el titular de la firma constructora dispone a gusto de todo el predio: ya instaló a empresarios amigos al frente de la explotación de los paradores sin mediar licitación pública alguna, lo que viola todas las normas administrativas vigentes.
Las maniobras prosperan al calor de un sector del periodismo un tanto distraído, y una oposición que no hace pie. Y no debemos olvidar que en un año electoral, los favores son bien retribuidos por el poder empresario.
