En la última semana una denuncia de la revista Análisis daba cuenta de la existencia de fondos reservados en manos del máximo tribunal de la Justicia entrerriana: el Superior Tribunal. En la denuncia, la nota de Daniel Enz pone en evidencia la vigencia de partidas millonarias que el organismo maneja de forma discrecional y lejos de todos los controles públicos. Se trata de una partida por encima de los $2.000.000 que la Presidenta del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, administra de forma arbitraria y sin rendición alguna.
"Esos fondos no deben existir"
La investigación periodística, llamativamente, no desencadenó ningún tipo de respuesta oficial a pesar de tratarse de una situación anómala.
Diversos actores coinciden en apuntar que no hay motivo alguno para otorgar fondos reservados al Superior Tribunal. Así lo manifestó esta semana el ex Secretario de Justicia de la provincia, Rubén Virué, quien reconoció que "Me sorprendió mucho que haya Fondos Reservados para el STJ. No lo tenía registrado, porque en la confección del proyecto de Presupuesto nunca vimos ese tema. No debería existir para el Superior Tribunal de Justicia", opinó.
En la cadena de reacciones, el presidente del bloque Cambiemos en la Legislatura entrerriana, Sergio Kneeteman, adelantó que solicitó una audiencia para esta semana con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak. "Le vamos a adelantar que si en el presupuesto del próximo año está el ítem de gastos reservados para el STJ, no lo vamos a votar desde mi bloque", avisó, alertado también por "el silencio del STJ" ante la denuncia periodística.
¿Para qué se usan los Gastos Reservados?
Los gastos reservados nacen a la luz de acciones de gobierno que necesitan mantenerse en reserva, generalmente para conducir una investigación policial o de corrupción sin dejar rastros en la contabilidad pública. Así, la provincia de Entre Ríos otorga una partida de fondos reservados al Gobernador, al Ministro de Gobierno en tanto jefe político de la Policía, y al Jefe de Policía propiamente dicho.
Hoy, esas partidas siguen un mecanismo simple: mes a mes el área contable de cada dependencia que dispone de estos gastos reservados recibe la partida de dinero y en el mismo acto la entrega a la autoridad correspondiente. Como única certificación de la operación, se firma un documento, donde consta la recepción del dinero girado. Ese registro del movimiento de fondos va a parar al Tribunal de Cuentas de la provincia, donde se deja constancia de los montos otorgados, pero en rigor nadie sabe en qué se gasta ese dinero ya que queda exceptuado de todos los controles. Sin dudas que el mecanismo va en contra de todas las políticas de transparencia, ya que nadie sabe en qué se gastan esos fondos.
Mientras que el Gobernador Bordet por un lado, o el Ministro de Justicia Mauro Urribarri y el Jefe de Policía Gustavo Maslein por otro, cuentan con antecedentes que permiten "justificar" (al menos desde el discurso) la necesidad de contar con estas partidas secretas para operaciones de inteligencia y acciones en la persecución de los delitos complejos, a nadie le queda claro qué tipo de uso podría otorgarle a estos fondos un Tribunal Superior como el que conduce Claudia Mizawak.
El armario de Felisa Micelli
Al momento de preguntarse por el destino de esos Gastos Reservados que dispone el máximo órgano judicial de Entre Ríos, todos los indicios parecen conducir a un mismo fin: el pago de sobresueldos a los ya de por sí suculentos salarios de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Así lo publicó la Revista "Análisis" al difundir el testimonio de una fuente reservada que asegura que "Esa modalidad se pactó en el 2010, porque los miembros de la cúpula del Poder Judicial querían sí o sí un incremento salarial y de acuerdo a lo que percibían los magistrados de la justicia federal". En ese año el entonces Gobernador Urribarri ordenó que se giraran 252.000 pesos a la presidenta del STJ, por entonces a cargo de Leonor Pañeda, para que cada vocal lograra una especie de retribución por fuera del recibo de sueldo y de esa manera, se obtenía una remuneración mensual un poco más elevada que la que figuraba oficialmente.
Por lo que se ve, la situación se parece al armario en el baño del despacho de la exministro de Economía Felisa Miceli, que debió renunciar al cargo y afrontar una condena judicial a cuatro años de prisión y a ocho años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por el hallazgo de una bolsa con dinero en su despacho en 2007, cuando se desempeñaba como funcionaria durante la gestión de Néstor Kirchner.
La condena se produjo por el delito de "encubrimiento agravado" de una supuesta maniobra financiera ilícita, y "sustracción y ocultamiento de documento público", por la desaparición del acta policial del hallazgo. Además se pidió el decomiso de los 100.000 pesos encontrados en uno de los paquetes que estaban en el baño del despacho de Miceli.
Interpelar al Poder Judicial
Ante la evidencia que se reúne en torno al Superior Tribunal de Justicia y el posible cobro de sobresueldos bajo la figura de Fondos Reservados, rápidamente la oposición adelantó que va a interpelar a los miembros del organismo para que expliquen el destino de esos fondos.
El presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Sergio Kneeteman, anunció que ya se ha solicitado una audiencia para esta semana con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, para consultarle para qué se utilizan los gastos reservados en ese poder. "Nosotros queremos preguntarle para qué se utilizaron los gastos reservados", señaló el referente de Cambiemos.
El episodio requiere tomar en consideración varias preguntas: ¿Qué necesidad tienen los funcionarios judiciales con los salarios más altos de Entre Ríos en disponer discrecionalmente de fondos adicionales? ¿No alcanza con los $180.000 mensuales que perciben? Si efectivamente se tratara de una cuestión salarial, ¿por qué disfrazar la maniobra en vez de blanquear el incremento de los sueldos de los magistrados? ¿No incurren acaso en el delito de evasión al no dejar registro del dinero que perciben por fuera de la estructura formal del Estado?
Esto, sin contar la larga lista de privilegios de la que goza el Poder Judicial en Entre Ríos que se ha malacostumbrado a no rendir cuentas de sus actos ni transparentar los fondos de los que disponen. ¿O acaso los lectores saben cuánto cobra un juez, un fiscal o un vocal del Superior Tribunal de Justicia? Más allá de unas pocas excepciones, ¿recuerdan cuál fue la última declaración pública de un magistrado o un fiscal explicando por qué no investigan los delitos de corrupción en la Provincia?
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, tiene la oportunidad de explicar el destino de los Fondos Reservados y así empezar a descorrer el velo que oculta el accionar del Poder Judicial.
