Desde su creación a mediados de 2016, en una serie de cuestiones avanzó este ámbito que integra el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Daniel Elías, en representación de Entre Ríos. El funcionario incluso ha sido convocado para formar parte de la comisión redactora de la nueva ley y en un diálogo con El Diario, anticipó por otra parte, la intención del gobierno nacional de trabajar en la redacción del Código de la Seguridad Social, un instrumento contemplado en la Constitución Nacional pero sobre el que nunca se avanzó, tarea para la cual también fue invitado. "Sería un hecho histórico" dijo Elías, antes de sintetizar que "esto cerraría el círculo de legislación: tener el código y una nueva ley puede dar una seguridad social distinta frente al desafío que significa esta temática a futuro".
Es en la Ley 27.260 -Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados-, donde se incorporó la creación de un consejo de sustentabilidad previsional, para elaborar un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo nacional a consideración del Congreso. Para ese proceso, la misma norma previó tres años. La elaboración de un Código, en cambio, no fue incluido en la 27260, no obstante, "este Secretario de Seguridad Social lo tomó, lo propuso al Ministro de Trabajo que lo vio con buenos ojos, y está convocando a especialistas", comentó el entrevistado.
La reunión de hoy tendrá como insumo un documento elaborado en 2016 con relación a distintos aspectos del régimen previsional. "Con ese trabajo empezaremos 2017. En la primera reunión se van a dar las pautas de funcionamiento de esta comisión de fortalecimiento y de redacción de la nueva legislación sobre la que no hay todavía ninguna información", anticipó.
El involucramiento en distintos ámbitos a nivel nacional no significa que en la provincia la deficitaria situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones haya sido superada. Con la información aportada, el titular del organismo no obstante, habla de un panorama previsible.
Efectivamente en 2016 el déficit ha superado al del ejercicio del año anterior, pero dentro de lo que estaba previsto, dirá el titular de la Caja, que tampoco avizora sobresaltos para el primer semestre del ejercicio en curso.
Déficit
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia cerró 2015 con un déficit de 2.300 millones de pesos, monto que un año después se ubica en los 3.000 millones. "Nuestra proyección -hecha con el Ministro de Economía- para 2016 era que iba a estar rondando los 3.000 millones de pesos; no hay cifras finas pero la proyección se va a cumplir, probablemente pasando un poco esa cifra", respondió Elías a la consulta periodística. La lectura de la cifra empieza por una aclaración: "El déficit es un indicador, un componente, que muestra algo del sistema previsional". Alude entonces a la directa relación con el indicador poblacional, la evolución de las altas y bajas y la cantidad de aportantes. Explica que en la provincia "la cantidad de aportantes crece a un ritmo razonablemente lento, tan lento como crece la población", aunque con algunos datos que adelanta, serán enfocados en breve, este año.
Al poner la mira en la relación trabajadores – aportantes versus beneficiarios, Elías dice que "el déficit, si bien creció en la medida que esperábamos, no se disparó". En cuanto a las razones para que así sucediera responde: "Hemos administrado con prudencia todo lo que fue el sistema de altas y bajas. Estamos terminando el año con un crecimiento vegetativo -las altas menos las bajas- que no va a llegar al 2% cuando en el ejercicio anterior 2015 estuvimos cerca del 4%. Hubo menos altas, menos beneficios dados de alta porque lo administramos con prudencia con los distintos escalafones. Lo fuimos dosificando a lo largo del año, la gente que tramitó lo habrá visto; habrá visto que se alargaron los plazos".
En otras palabras, "llevó más tiempo jubilarse", sin que ello significara, según respondió, afectar derechos de los beneficiarios o dejar de dar la celeridad que fuese necesaria en casos puntuales. En síntesis, no duda en señalar que haber prolongado los plazos en la tramitación "ayudó al sistema".
Y como pauta de que los beneficiarios no sintieron afectados sus derechos, el funcionario plantea que estando legitimados para promover una acción, eso no ocurrió. "Seguimos teniendo el mismo volumen de litigiosidad, lo que muestra que nuestro sistema tiene estabilidad jurídica", contestó. Asimismo, acotó: "Habla de que la gente tuvo mayor tolerancia, entendió de alguna manera que una forma de acompañar el sistema era respetando que los trámites duraran más tiempo y que prolongara su vida laboral". Para dimensionar el impacto de la disminución en el crecimiento vegetativo, el propio funcionario aporta números. "Dos puntos menos de altas significa 1.500 beneficios menos de lo esperado, a un valor promedio de 19.000 pesos, si se hace el cálculo es un número impactante".
Elías también anticipa que "se presenta un 2017 con mayor orden porque el segundo semestre del año pasado vimos una lenta disminución de la presentación de trámites, por lo tanto este año va a volver a tener un crecimiento vegetativo que no va a pasar el 2.5. Tendremos el mismo valor o medio punto más de crecimiento, pero ya vemos que no será un año explosivo, porque el segundo semestre ?explica- suele darse una gran presentación de trámites y el año pasado no hubo una presentación abrumadora, lo que anticipa ?reiteró- un 2017 ordenado".
Sintetizó: "haber llegado con un cúmulo de expedientes sin resolver, pero baja presentación, anticipa que vamos a poder jubilar en este semestre sin mover los números que componen el déficit".
Auditoría
Hacia mediados de 2016 auditores de Anses se instalaron en la Caja para determinar el déficit en el marco de las negociaciones que llevaban adelante Provincia y Nación para determinar una compensación de parte del gobierno nacional, lo que había dejado de hacerse desde 2011.
"La auditoría mostró el ordenamiento de los números de la Caja, reconoció la accesibilidad de la información, la concordancia de la registración de nuestros números", comentó en primer lugar el titular de la Caja. Luego, agregó que el análisis de estos auditores de acuerdo a la técnica prevista en la legislación nacional les arrojó un déficit menor -hay componentes que ellos no los consideran-. Ponderaron unos 1.800 millones de pesos y con ese valor empezaron los gobiernos a negociar".
El reconocimiento propuesto por el Estado nacional estaba por debajo del 50% de esos 1.800, menos de 900 millones de pesos, recordó, sin poder dar precisiones si finalmente ese monto ingresó o no a las arcas provinciales. "La Caja no es parte de la negociación, excepto en lo que corresponde a suministrar información", aclaró Elías.
El funcionario concluyó que "este modelo de asistencia a través del programa llamado de Armonización hay que superarlo y lograr una mejor distribución en la asistencia con otros parámetros". En ese orden ponderó a los técnicos de Anses y no descartó que "entre 2017 y 2018 podamos caminar hacia un mejor sistema de cálculo de la compensación, con otros parámetros que no sea solo el déficit. Vemos voluntad, capacidad técnica y el reconocimiento de que este modelo hay que superarlo" dijo en referencia al de armonización, propuesto por el pacto federal de 1999.
Cambios
El año empieza una vez más con la sombra de la reforma de la ley del régimen previsional provincial, como lo hace constar la propia multisectorial conformada en defensa del mismo.
Daniel Elías repasó el diálogo que se mantuvo con los sectores involucrados durante 2016. "Reuniones con la multisectorial una vez por mes arrojaron un estudio profundo de la legislación y quedaron las bases para identificar aspectos que se pueden mejorar. Quedó claro que si hay algo que no se debe tocar es el 82% móvil. Y el tema de las edades jubilatorias, siempre va a estar en la agenda, pero no nos quita el sueño a ninguno de los que tenemos que trabajar en el tema".
Entre otros temas factibles de trabajar enumeró: jubilación parcial y progresiva cuando los servicios son de distinta naturaleza, mejorar la jubilación progresiva del docente; actualizar el régimen de pensión que no acompaña la modificación del Código Civil, el tratamiento de la excónyuge beneficiaria de cuota alimentaria, nuevo régimen de reciprocidad jubilatoria, la posibilidad de tener más de una jubilación. "Una cantidad de temas que no tienen que ver con las cuestiones estructurales. Veremos si este año el consenso se da para avanzar en imaginar cómo se pueden mejorar estos aspectos de la ley. Empezamos el año con una propuesta normativa para cada uno de estos temas al menos desde la Caja", afirmó.
"Estoy convencido que en nuestro país, los sistemas que tenemos el 82% móvil debemos defenderlo a rajatabla porque ha quedado demostrado que es una buen receta para garantizar un piso razonable de sustitución del haber del trabajador cuando se jubila. Mi recomendación es que todo el que tenga el 82% móvil que no lo deje nunca porque sería un retroceso. El que retrocede del 82 % no vuelve nunca más", dijo categórico el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
Municipios bajo la lupa
El titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, en su análisis del déficit del organismo, no dejó de plantear la fluctuación que se advierte en la cantidad de aportantes. Lo que dijo es que en 2015, año electoral, hubo un crecimiento mayor que otros años. No generaliza, sino que afirma: "Advertimos sobre todo en algunos municipios la tendencia que en un año electoral se incorporan empleados. Así lo muestran los números".
Se hace foco en esas situaciones porque "en 2016 y lo que vamos de 2017 estamos padeciendo por esa tentación porque no solo se incorpora personal sino que a veces se lo hace de un modo desordenado. Será un tema de trabajo en 2017, mano a mano con algunos municipios donde advertimos que tienen un cúmulo de trabajadores vinculados con contrataciones confusas, con visos de irregularidades desde lo jurídico". Aclara que no se habla de delito, "sino ciertos trabajadores con figuras contractuales que no se adecuan a la realidad jurídica, o no hacen aportes o hacen aportes deficientes". Aludió a quienes revistan como jornalizados o jornaleros que aparecen en cantidades importantes y "figuras contractuales extraordinariamente llamativas".
Aseguró que algunos municipios tienen una planta permanente y un 30 o 40% más de trabajadores bajo ciertas figuras contractuales, es decir que "por fuera de la planta tienen un 40% más de trabajadores y hasta porcentajes más altos", remarcó.
Argumentó que desde la mirada previsional "indica un desorden en los aportantes que algún día se van a terminar jubilando por la Provincia" y explica: "Ingresan como jornalizados, luego cuando hay posibilidad pasan a un contrato más regular y finalmente, a planta; pero lo hacen después de los 45, 46, 47 años de edad cuando ya llevan 10 o 15 trabajando en el municipio. Estas realidades impactan directamente en el déficit", subrayó.
