Una situación que pinta de cuerpo entero las contradicciones que expresa el primer mandatario entrerriano, que declama transparencia a los cuatro vientos, mientras sostiene en el cargo a una larga lista de funcionarios vinculados a causas de corrupción.
La ola de transparencia
Desde la llegada del Macrismo al poder, la agenda de Transparencia se instaló con fuerza en la agenda política. Los escandalosos casos de corrupción vinculados al kirchnerismo y las obscenas imágenes de bolsos repletos de dólares pusieron un soporte visual que consolidó la condena pública a las prácticas de corrupción que todo el mundo conocía.
A la evidencia de los casos nacionales de corrupción, se sumó su correlato en Municipios entrerrianos como las denuncias de Larroque, San Benito o Seguí y los sobreprecios en la obra pública. Por si fuera poco, en un acto de "sincericidio", Victor Pietroboni de la poderosa constructora Lemiro Pietroboni S.A. agregó la frutilla del postre: ejemplos concretos de las maniobras que se ponen en práctica para incrementar los montos reales de las obras licitadas por el kirchnerismo, y una confesión contundente de la existencia del ítem "retornos" al momento de presupuestar los trabajos públicos.
El contexto no deja margen alguno al Gobernador Bordet, que no tiene más opción que subirse a la ola de transparencia y lanzar declaraciones grandilocuentes como la que expresó en el acto del Día de la Bandera: "Los actos transparentes de gobierno deben ser un norte, y en Entre Ríos no puede ni debe haber lugar para la corrupción ni para quienes se aprovechan de los bienes del Estado". Desde el discurso, todo muy lindo.
Los sospechosos de siempre
El Gobernador asumió su mandato con ínfulas de terminar con la connivencia frente a los corruptos, pero a poco de andar no pudo sostener en los hechos aquella promesa de "correr del cargo a todo funcionario involucrado en casos de corrupción".
Asumir aquel compromiso electoral implicaría para el mandatario provincial correr a un costado al núcleo duro de su propio equipo de gestión.
Si Bordet intentara cumplir con su palabra empeñada tendría que apartar del cargo nada menos que a Maurito Urribarri, ministro de Gobierno y, sobre todo, hijo del exGobernador: se lo investiga por la misma causa de Enriquecimiento ilícito que su padre, pero también está involucrado en una investigación sobre vínculos con referentes del narcotráfico y la trata de personas en Concordia.
Bordet tendría que apartar de su cargo al actual Presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, investigador por la cesión irregular de terrenos durante su gestión como Intendente de Chajarí.
La lista sigue con el (ahora) exgerente general del Instituto del Seguro (IAPS), Martín Fernández de Gualeguaychú, denunciado por Enriquecimiento Ilícito.
A ello se agrega una Legislatura que parece ser paraguas de protección para los casos más complicados: desde Sergio Urribarri que lidera el ranking de exfuncionarios con mayor cantidad de denuncias de corrupción; pasando por su cuñado Juan Pablo Aguilera, depositario de decenas de contrataciones directas cuando se decía "dueño" de la imprenta "Cinco Tipos", preferida por las contrataciones del entonces Gobernador Urribarri.
La lista sigue con el exMinistro de Propaganda y hoy diputado provincial Pedro Báez, caído en desgracia en estos tiempos en que se investigan las contrataciones directas de pauta oficial con muchos de sus amigos que montaban productoras ad hoc. O el propio renunciante presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, acusado por llegar al cargo de modo inconstitucional y además con una investigación pendiente por las contrataciones de software cuando se desempeñaba como Ministro de Trabajo durante el Gobierno de Urribarri.
Como se ve, la lista de los sospechosos de siempre es extensa y no se agota en este rápido repaso.
La encrucijada
Como se ve, el listado de funcionarios involucrados en investigaciones judiciales y denuncias de corrupción que rodean a Bordet, es extenso. Y podrían sumarse otros casos, todavía no derivados en causas judiciales pero a todas luces lejos del ideal de transparencia que vocifera el mandatario entrerriano.
Uno de esos casos es nada menos que el del actual Ministro de Economía, Hugo Ballay, que tendría que explicar por qué habita un departamento que es propiedad del empresario Miguel Marizza, nada menos que uno de los principales contratistas de obra pública de las licitaciones que firma el Ministro Ballay.
Desde los pasillos de la Casa Gris aseguran que "Bordet quiere, pero no puede". Y algunos vaticinan un camino indirecto como alternativa acompañando los pasos que va dando el Gobierno Nacional en la reforma de los procedimientos de contratación de obra pública, que esta semana Bordet anunció como parte de su agenda.
Sin embargo, los compromisos del Gobernador con ese costal de corrupción parecen ser más profundos de lo que muchos imaginan. Y en política los favores se pagan, entre otras cosas, con impunidad, con silencio, con cargos.
La situación pone a la vista una encrucijada que deja cada vez menos margen de maniobra al Gobernador entrerriano. En breve, Bordet deberá resolver si se sube a la oleada de transparencia y se deshace de los funcionarios vinculados a la corrupción, o si elige recostarse en los sospechosos de siempre.
